La vivienda digna, como derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cobra vital importancia cuando ésta debe atender las necesidades de las personas adultas mayores.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) define el concepto de Persona Adulta Mayor como aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.
La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) estima que en menos de dos décadas, la creciente proporción de personas adultas mayores (PAMs) supondrá grandes retos en el tema de vivienda, ya que al aumentar las necesidades básicas y limitaciones de éste grupo poblacional, aumentan también las soluciones que el mercado inmobiliario y de construcción tiene que ofrecer. Un estudio realizado por CONAVI menciona como principales problemáticas la accesibilidad y movilidad, las infraviviendas, la inadaptación de éstas, los alquileres, así como las situaciones de aislamiento.
Una vivienda digna para una persona adulta mayor debe resolver y estar adaptada a sus crecientes necesidades, por ejemplo, de accesibilidad y movilidad: Una vivienda promedio suele no estar pensada para personas con movilidad reducida, tanto dentro de la vivienda como en la manera que se accede a ella en la ciudad.
Un diseño con enfoque de accesibilidad universal debe considerar aspectos como superficies antiderrapantes y sin desniveles, rampas, accesos y radios de giro amplios, etc. Aspectos que se tienen que adaptar a las discapacidades adquiridas por las PAMs más comunes como son visión, audición y movilidad reducida.
Le Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores reconoce en su Artículo 5º, el garantizar a las PAMs a ser sujetas de programas para contar con una vivienda digna y acorde a sus necesidades.
Sin embargo, uno de los grandes problemas para el acceso de personas adultas mayores a una vivienda digna es el mayor grado de riesgo considerado por las entidades crediticias, lo cual repercute en un incremento de tasas de interés, que no se adaptan a los ingresos este grupo de población.
Los ingresos de las personas mayores de 65 años representan una de las principales problemáticas para acceder a una vivienda digna y adaptada: 28% de ellos perciben hasta un salario mínimo, 23% de dos a tres salarios mínimos, 13% de cuatro a cinco salarios mínimos, sólo 5% más de cinco salarios mínimos y 8% no percibe ningún ingreso (INEGI).
Esto, aunado a que en México no existe un sistema básico y único de jubilación, donde conviven esquemas del ISSSTE, IMSS (Ley 1973) e IMSS (Afore).
En Torreón, existen alrededor de 10,000 PAMs que viven en colonias consideradas de bajos recursos (IMPLAN, 2017).
El modelo urbano por su parte, juega un importante papel en el tema de vivienda y el envejecimiento de la población. Una vivienda digna no sólo debe serlo por su diseño arquitectónico, sino también por su ubicación y accesibilidad urbana. En la manera en que ésta sea accesible de manera peatonal, en transporte público o en automóvil particular desde y hacia centros de trabajo, salud, recreación y comercio; será menos probable la situación de aislamiento de la persona adulta mayor.
53 mil personas mayores de 65 años en 2018, representa el 7.4% del total de la población.
84 mil personas mayores en 2030, 10.6% del total de la población.
28% de ellos perciben hasta 1 salario mínimo y 8% no cuentan con algún ingreso
