De acuerdo con el boletín de prensa n° 3335 de esta Cámara del 4 de abril de 2014 se presentó en esta instancia el documental “Mataron a mi papá: Las Víctimas Ocultas de la Guerra del Narcotráfico”, producido por la periodista española María Verza, que retrata la realidad que enfrentan los hijos de padres asesinados a manos del crimen organizado, en donde se plantea que el combate al narcotráfico en México ha producido 20 mil niños huérfanos; son las verdaderas víctimas.
A través del testimonio de “Lupe” y “Brian”, nombres ficticios dados a menores que presenciaron la ejecución de sus padres, el material filmográfico hace hincapié en el efecto emocional y psicológico de la violencia de la “guerra contra el narco” en los cerca de 20 mil niños huérfanos en México que este fenómeno ha cobrado.
Denuncia cómo la desensibilización que implica la violencia cotidiana y la falta de atención especializada a los menores que la presencian, puede envolverlos a futuro, entre otros aspectos negativos, en la delincuencia, hecho que ya se ha comprobado en numerosos casos.
Asimismo, subraya la falta de interés por parte de las autoridades para rehabilitar a las víctimas colaterales de la “guerra contra el narco”, y la nula confianza de los afectados en aquéllas, por los altos índices de corrupción y colusión de funcionarios con el crimen organizado. De acuerdo a estimaciones del IMPLAN en Torreón se estimó en 4 mil los niños en esta situación entre 2008 y 2012.
Otras organizaciones como La red por los Derechos de la Infancia AC, que es uno de los organismos de la sociedad civil que le ha dado un seguimiento puntual al fenómeno de reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado en México, y que ha participado en la rehabilitación de algunos de estos chicos que han sido procesados penalmente por sus vínculos con la delincuencia organizada proporciona datos preocupantes.
Esta organización considera que en base al seguimiento que ha realizado, entre 20 y 30 mil niños, niñas y adolescentes sufren lo que la red denomina narcoexplotación, es decir, menores que no sólo están siendo explotados, sino que son objeto directo de beneficio para grupos criminales.
El Comité de los Derechos del Niño que es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes, así como la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, es decir, los relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ha hecho algunas recomendaciones al Estado Mexicano en materia de protección de los derechos de la infancia involucrada en la violencia armada.
El Comité exhorta al Estado parte a que:
a) Recopile datos sobre el número de niños detenidos, heridos o muertos en la lucha que mantienen el ejército y las fuerzas policiales contra los grupos armados no estatales;
b) Investigue todos los delitos cometidos contra niños y garantice que los tribunales civiles tengan competencia para juzgar los delitos contra menores cometidos por el ejército;
c) Evite la impunidad garantizando el enjuiciamiento y castigo de los responsables;
d) Adopte medidas adecuadas para proteger a los menores de las actuaciones policiales y militares en el contexto de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad pública, así como de la violencia armada procedente de los grupos armados no estatales;
e) Establezca los mecanismos oficiales y los marcos jurídicos pertinentes que garanticen los derechos humanos y la protección de los menores, en especial las niñas, ante la violencia derivada de las acciones militares y ejercidas por los grupos armados no estatales;
f) Establezca reglamentos y protocolos específicos para las fuerzas militares y de seguridad sobre la forma de garantizar la integridad de los niños durante las investigaciones de las que sean objeto los grupos armados no estatales y las actividades para combatirlos.
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Observaciones finales a México, Febrero 2011
Ante esta situación lo preocupante es que el Estado Mexicano ha sido señalado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU por carecer de información precisa sobre algunos temas; de acuerdo a este organismo el Estado Mexicano no sabe cuántas madres o padres de familia están desaparecidos o han sido asesinados por la violencia en el país, por lo que no hay datos sobre el número de niños afectados, en orfandad y que deben ser atendidos.
De acuerdo con los datos publicados por periódicos de circulación nacional y revistas especializadas en análisis de este tipo de problemas, la justificación del Gobierno de México es que la clasificación estadística de víctimas no cuenta con criterios para detallar cuántas “madres y/o padres” han sido afectados por la violencia.
Ante la petición de “información desglosada” sobre el número de niños, niñas y adolescentes, madres y padres asesinados o desaparecidos en los últimos años; México sólo respondió que creó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en el que existen datos por sexo, edad, nacionalidad, entidad federativa, fecha o lugar de desaparición.
En estas circunstancias, el razonamiento podría ser en un primer momento que todos como ciudadanos, tenemos algo de responsabilidad en el problema, sin embargo el Estado Mexicano como autoridad tiene un mayor compromiso, cuenta con las instituciones, la tecnología, el personal humano y los recursos económicos necesarios para recabar la información necesaria.
De la información detallada que se obtenga y que tiene que ser pública, deberán surgir los criterios para la elaboración de políticas públicas que disminuyan considerablemente la violencia hacia los niños, de ellos no se puede pensar solamente que son el futuro del país, sino de un presente constantemente amenazado.
