En México, el organismo descentralizado de la administración pública federal, encargado de la Protección y Defensa de los Usuarios de los servicios financieros es la CONDUSEF; y tiene como objetivo “promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias [...] y proveer a la equidad en las relaciones entre estos”.
En materia de asesoría y transparencia, dentro de sus varios servicios, la CONDUSEF dispone del Buró de Entidades Financieras, herramienta que da a conocer la información de los productos financieros por Instituciones, sus comisiones, prácticas administrativas, reclamaciones y demás datos acerca del desempeño en la prestación de servicios, para contribuir a tomar una decisión adecuada sobre la contratación de uno u otro producto. Este buró está sectorizado en 18 apartados como: AFORES, Aseguradoras, Casas de Bolsa, Banca de Desarrollo, Burós de Crédito, Bancos, entre otras; a fin de que la ciudadanía pueda comparar de manera más organizada y sintetizada dicha información.
Y es que el contar con herramientas para la toma decisiones y esquemas de protección, no garantiza el acceso y uso de las mismas. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, ENIF 2018, solo el 29% de la población compara los productos financieros antes de su contratación, porcentaje que no cambió de 2015 a 2018. La población en edades de entre 30 y 59 años y la que cuenta con más años de escolaridad, es la que más realiza comparaciones. Por ejemplo, el 48% de la población con más de 12 años de estudio, las realiza.
A nivel internacional, el porcentaje de la población que compara los productos financieros: Indonesia, 83%; Francia, 78%; Brasil, 54%; Alemania, 30%; y Argentina, 29%, de acuerdo con una encuesta realizada por la Red Internacional para la Educación Financiera (INFE, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Si bien, aún falta camino para acercar las herramientas que ofrece la CONDUSEF a una gran parte de los consumidores; hábitos concretos como lo es informarse a través de las plataformas y comparar productos, por la población que ya tiene acceso a ellos; son los mismos que pueden hacer la diferencia en la dimensión de sus finanzas personales y dar fortaleza al sistema que dispone el gobierno para la protección de los consumidores.
Aquí es donde cobra relevancia el concepto de la alfabetización financiera, entendida como la “combinación de la concientización, conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para tomar decisiones financieras sólidas y eventualmente lograr el bienestar financiero individual” (INFE y OCDE).
De acuerdo con las mediciones sobre alfabetización financiera realizadas en base a la ENIF 2018 y el reporte G20/OCDE INFE 2017. México obtiene 58.2 puntos de 100. Resultado menor con respecto al promedio de los países del G20, el cual se ubica en 60.5, y de otros países como Francia, Canadá o Corea. Países con menor nivel de alfabetización que México, están Rusia, Brasil, Argentina e Italia.
Si hacemos este análisis a nivel Regional, haciendo énfasis en la Región Noreste, que es a donde pertenece Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; esta ocupa el tercer lugar con mayor calificación de alfabetización financiera, con 59.0 puntos de 100, sobre las 6 regiones que se analizan. 4.1 puntos arriba que la Región Sur, que es la de mayor rezago en este índice y 2.5 puntos por debajo de la Región Ciudad de México, que es la de mayor puntaje.
Si analizamos por entidades, Coahuila es la sexta con mayor nivel alfabetización financiera, con 59.7 puntos, superado en este orden por México, Ciudad de México, Nuevo León, Aguascalientes y Yucatán. Ubicando a Coahuila 2.6 puntos por debajo de la entidad con mayor puntaje, Ciudad de México y 11.3 por encima de la entidad con menor puntaje, Chiapas.
Hablar de protección al consumidor, es incluir en la ecuación la alfabetización financiera como resultado de un proceso de educación en este ámbito. Los conocimientos, habilidades y comportamientos de las personas, serán los blindajes activos dentro de los sistemas existentes que ofrecen los gobiernos para garantizar un ambiente competitivo, transparente y de beneficios tangibles, en la toma de decisiones financieras.
Referencias
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (9 de marzo de 2018). Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Recuperado el 27 de octubre de 2020, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/64_090318.pdf
Consejo Nacional de Inclusión Financiera . (11 de marzo de 2020). Política Nacional de Inclusión Financiera. Ciudad de México, México, México. Recuperado el 27 de octubre de 2020, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557108/PNIF_2020.pdf
Dirección General para el Acceso a Servicios Financieros. (marzo de 2019). Estudios de Inclusión Financiera. Alfabetización Financiera en México. Recuperado el 27 de octubre de 2020, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/449088/Indice_de_Alfabetizacion.pdf
